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El investigado, de nacionalidad extranjera, habría abusado de, por lo menos, 11 menores de edad entre 2022 y 2023.
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Se presume que amenazaba a las víctimas de muerte para evitar que contaran lo sucedido.
De acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan a los niños niñas y adolescentes, una fiscal adscrita a la Seccional Cundinamarca, obtuvo medida privativa de la libertad en centro carcelario en contra Jhon Rafael Rodríguez Vega, señalado de agredir sexualmente a, por lo menos, 11 menores de edad en Cundinamarca y Santander.
Labores investigativas de policía judicial permitieron establecer que, al parecer, el hombre de nacionalidad venezolana se presentaba como profesor de artes marciales para acercarse a los niños y, posteriormente, obligarlos a sostener encuentros íntimos con él.
Asimismo, hay indicios de que, el procesado, presuntamente, profería amenazas de muerte contra las víctimas para evitar que contaran a sus familiares lo sucedido. En uno de los hechos que se investiga, ocurrido en Cundinamarca, Rodríguez Vega habría intimidado con un arma cortopunzante a un niño que trató de oponerse a los tocamientos abusivos.
El procesado fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional en Bucaramanga (Santander).
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó a Rodríguez Vega el delito de acto sexual violento agravado que no fue aceptado por el procesado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MG/MRC/CMSV/MFB/SFC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
