La Fiscalía seccional logró que un juez penal del Circuito de Popayán, en segunda instancia, revocara la libertad de Segundo Ismael Ramos Gómez, quien había sido beneficiado con medida no privativa de la libertad por un juez penal municipal de la capital del Cauca, durante las audiencias de control de garantías en 2022.
El servidor judicial encontró evidencias y material probatorio que demostraron la presunta responsabilidad del hombre en la muerte de Yamil Ernesto Piedrahita Flor, por lo que aceptó la apelación de la Fiscalía y libró la orden de captura.
Los hechos por los que Segundo Ismael Ramos es procesado ocurrieron el 17 de agosto de 2022, en un sector del barrio La Esmeralda de la ciudad blanca, cuando el vehículo que conducía chocó contra un camión furgón conducido por la víctima.
El accidente provocó un enfrentamiento verbal entre los dos conductores, que desembocó en una riña, por lo que presuntamente el asegurado habría atacado a Yamil Piedrahita con un arma contundente, provocándole heridas graves que causaron su muerte en el sitio.
Ramos Gómez fue capturado el 23 de marzo de 2023, por servidores del CTI junto con agentes de vigilancia de la Policía Popayán en un sector de esta ciudad.
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó cargos como presunto autor material del delito de homicidio agravado.
Al avalar la imputación, un juez penal dictó medida de aseguramiento contra el hombre consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.
El servidor judicial libró la orden para que Segundo Ismael Ramos sea trasladado a la cárcel de San Isidro de la capital del departamento.
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JGP/FAGH /GAMM/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
