La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre, presuntamente, responsable de agredir de manera constante a sus padres.
Se trata de Jhovanny Antonio Hernández Betancur a quien la Fiscalía imputó como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.
Según la investigación, adelantada por una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Cavif), el procesado vendría sometiendo; al menos, desde 2022 crueles y degradantes a su papá y mamá.
El material probatorio recaudado evidenció que el presunto responsable amenazar de muerte a los dos adultos, a quienes les reiteraría que los envenenaría para quedarse con la pensión.
El más reciente episodio de violencia ocurrió el pasado 17 de marzo pasado cuando el hombre habría intentado ahorcar a su padre con un palo.
Durante los distintos episodios de violencia intrafamiliar las dos personas de la tercera edad eran menospreciadas, insultadas y amenazadas de muerte; además de ver cómo su hijo salía de su casa llevándose consigo varias de sus propiedades; y habiendo averiado otras.
Cansados de los constantes maltratos y amenazas los adultos mayores decidieron acudir a las autoridades y dejar el caso en manos de la Fiscalía General de la Nación.
Una vez con los elementos materiales probatorios recopilados, el ente acusador imputó a Hernández Betancur el delito de violencia intrafamiliar agravada.
Ante las evidencias presentadas por la Fiscalía, un juez de control de garantías cobijó al procesado medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía habla con resultados.
JLH/MAGA/ET/ACG
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
