Por este hecho ya fueron judicializadas dos personas, quienes se encuentran privadas de la libertad.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Carlos Vásquez Vanegas por su aparente responsabilidad en la extorsión contra una mujer en Cali (Valle del Cauca).

Los hechos investigados ocurrieron en enero pasado cuando la víctima recibió llamadas y mensajes extorsivos en los que le exigían 2.500 millones de pesos para no atentar contra su vida y la de su familia.
Las labores de policía judicial adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Gaula Militar, le permitieron a la Fiscalía establecer que los presuntos implicados acudían a ‘oficinas de cobro’ desde las que eran ubicados los propietarios de vehículos de alta gama que luego extorsionaban.
Un delito cometido en enero pasado
El pasado 31 de enero Vásquez Vanegas, junto a otras personas, habrían citado a una mujer en un centro comercial del sur de Cali. La víctima fue obligada a firmar el traspaso de una camioneta, además a entregar 50 millones de pesos.
La mujer entregó las llaves del automotor, los papeles de este y el tiquete de ingreso al parqueadero donde estaba ubicado el vehículo. Cuando los presuntos extorsionistas intentaron huir fueron capturados por las autoridades.
En ese momento fueron capturados Luis Anderson Paz Castillo y Andrés Felipe Herrera Jiménez quienes fueron judicializados por el delito de secuestro extorsivo. Ambos están recluidos en centros penitenciarios.

Luis Carlos Vásquez Vanegas huyó; pero el pasado 6 de mayo en Calima–Darién fue capturado e imputado por secuestro extorsivo. Un juez le impuso aseguramiento en centro carcelario.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.