Por solicitud de un fiscal local de Garzón (Huila), Jair Antonio Parra Santiago fue cobijado con detención preventiva en centro carcelario, tras presuntamente causarle una deformidad física a un hombre por hurtarle su motocicleta en el citado municipio.

En la fotografía aparece un capturado, junto a personal de Policía Nacional y Fiscalía General de La Nación. En la parte posterior de la imagen se ven banners de Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Jair Antonio Parra Santiago le habría causado una deformidad física en el rostro a la víctima, afectándole su visión de carácter permanente tras hurtarle su motocicleta.

El hombre fue acusado por su posible responsabilidad en los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas, por los que no aceptó cargos.

Los hechos investigados se registraron el primero de enero de este año, en la vía Monserrate de Garzón (Huila) donde la víctima se desplazaba junto con su esposa y el acusado, al parecer, sacó un arma de fuego y le disparó al hombre impactándole una de sus extremidades y haciéndolo caer del velomotor.

La mujer lo auxilió mientras el hoy judicializado habría huido con la motocicleta.

En valoración de Medicina Legal la víctima recibió una incapacidad de 40 días con secuelas médico-legales de deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente y perturbación funcional de órgano de la visión de carácter permanente.

Personal de la Policía capturó por orden judicial a Parra Santiago en la carrera 11 calle 6 de la Garzón (Huila), el pasado 10 de febrero.

La Fiscalía habla con resultados. 

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LMGM/VHGB/DFHI/DSH

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.