El procesado haría parte de un grupo ilegal señalado de envenenar el ganado de las personas que se negaban a pagar las exigencias económicas ilícitas.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Efraín Alonso Orrego Toro, alias El Peludo, presuntamente, responsable del delito de tentativa de extorsión agravada, imputado por un fiscal de la Seccional Antioquia.
Según la investigación Orrego Toro, de 48 años, haría parte de un grupo armado ilegal que desde el 21 de julio pasado vendría realizando exigencias económicas ilegales a ganadores de la vereda El Chiri del municipio de Briceño, norte de Antioquia.
Labores de policía judicial evidenciaron que las sumas exigidas oscilaban entre 50 y 150 millones de pesos. También se estableció que los presuntos delincuentes habrían envenenado, al menos, seis reses de los hacendados que se negaban a cancelar los referidos pagos.
Por estos hechos el procesado fue capturado el pasado 8 de agosto por servidores del CTI adscritos al Gaula Militar de Antioquia y su componente Ejército. Esta acción se cumplió cuando, al parecer, el procesado recibía un paquete que simulaba contener 75 millones de pesos; suma que equivaldría al 50 por ciento del total de la extorsión y con la cual evitaría atentados contra su vida y sus bienes.
Durante el procedimiento de captura al investigado le fue incautado un celular y seis sobres de un herbicida, aparentemente, usado para envenenar ganado.
El cargo imputado no fue aceptado por el procesado.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/MAGA/HA/DSA.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
