El hombre fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento donde fueron rescatados dos menores de edad.
Tras avalar los argumentos de la Fiscalía General de la Nación un juez con función de control de garantías de Norte de Santander impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Yonathan Gustavo Jaimes Orellanos, como presunto responsable de explotación sexual de menores.
El hombre fue capturado por el CTI y la Policía Nacional durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada el pasado 14 de abril a una vivienda del barrio Nueva Colombia del municipio de Zulia.
Una denuncia ciudadana permitió establecer la constante entrada y salida de adolescentes de entre 15 y 17 años a un inmueble donde, al parecer, el procesado las recibía para realizar videos con contenido para adultos que eran transmitidos en plataformas digitales.
Dos menore de edad que estarían realizando videos webcam fueron rescatadas por las autoridades debido a que estaban siendo explotadas sexualmente. Durante los operativos se incautaron cuatro computadores y seis celulares.
Al parecer, el procesado convencía a las menores para que realizaran labores de webcam durante varios días a la semana. Las víctimas fueron entregadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
Jaimes Orellanos fue judicializado por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas y pornografía con personas menores de 18 años, cargos que no fueron aceptados.
MPHA/AMCJ/MAGA/EDBC/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
