La mujer, embarazada de mellizos, tenía 24 semanas de gestación. Solo uno de los fetos sobrevivió.
La contundencia de la evidencia técnica presentada por una fiscal adscrita a la Seccional de Cundinamarca permitió que un juez de control de garantías privara de la libertad en centro carcelario a Juan Felipe Achure Vásquez, investigado como presunto responsable de agredir a su excompañera sentimental, quien se encontraba en estado de embarazo. Al parecer, producto de dichos ataques uno de mellizos en gestación murió.
La Fiscalía demostró que la mujer venía siendo objeto de golpizas, humillaciones psicológicas e incluso de amenazas de muerte, presuntamente, por parte del procesado.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, entrevistas a testigos y la valoración de Medicina Legal, los hechos de violencia más recientes ocurrieron el pasado 9 de octubre en una vivienda ubicada en Zipaquirá (Cundinamarca), donde convivía la pareja.
Al parecer, Achure Vásquez en medio de una discusión habría golpeado a la mujer embarazada de forma tan violenta que uno de los bebés murió. Ante la gravedad de las lesiones, la víctima que contaba con 24 semanas de gravidez, tuvo que esperar un mes más con ambos fetos en su cuerpo para lograr salvarle la vida a uno de los niños.
El señalado agresor fue capturado por la Policía Nacional en Zipaquirá (Cundinamarca). La Fiscalía le imputó los delitos de lesiones personales por deformidad física permanente agravada por aborto preterintencional, en concurso con violencia intrafamiliar agravada.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MAGA/CMS/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.