Uno de los procesados había sido condenado con prisión domiciliaria por porte ilegal de armas.
La contundencia del material de prueba aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías de Medellín (Antioquia) impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Esteban Álvarez Álvarez y Joshua Piedrahíta Álvarez, presuntamente, responsables de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional la madrugada del pasado 25 de octubre cuando se movilizaban en una motocicleta por el occidente de Medellín. Según consta en la investigación los dos hombres portaban una maleta en cuyo interior iban empacadas las extremidades de un cuerpo humano.
Labores de policía judicial, entre las que se destacan inspecciones a las cámaras de seguridad ubicadas en los lugares por los que se movilizaron los capturados, permitieron ubicar un inmueble en del barrio El Socorro de la Comuna 13 de Medellín donde las autoridades hallaron otra maleta y en su interior el resto del cuerpo.
Procedimientos técnico-científicos adelantados por especialistas de Medicina Legal permitieron identificar de manera plena a la víctima, quien además fue reconocida por un familiar.
Además de los dos delitos arriba mencionados, Álvarez Álvarez deberá responder por fuga se presos, debido a que en la actualidad se encontraba cumpliendo una condena a cinco años de detención domiciliaria, por el punible de porte ilegal de armas de fuego.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/MAGA/JEA/SDA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
