El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar, ante un juez de control de garantías de Bucaramanga (Santander), al subintendente de la Policía Nacional Yeison Eduardo García Albarracín, presuntamente implicado en un millonario robo a una reconocida joyería de la capital santandereana, ocurrido el 23 de julio de 2024.
El procesado, al parecer, entregó a los integrantes de la red criminal Kilates, responsable del millonario hurto, dos armas de fuego, una pistola traumática y un uniforme de Policía Nacional. Elementos que fueron utilizados durante el hecho delictivo.
También se estableció que el investigado habría entregado información judicial sobre la investigación relacionada con el hurto, además de supuestamente haberse comprometido a borra los videos de cámaras de seguridad de una bodega donde los integrantes de la banda delincuencial habrían planeado el robo.
El subintendente fue capturado en Bogotá por uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial. El fiscal del caso le imputó los delitos de hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; utilización ilegal de uniformes e insignias y cohecho propio, los cuales no aceptó.
Por solicitud de la Fiscalía el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el procesado.
Por este mismo crimen la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Policía Nacional capturó entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2024 a nueve personas. En septiembre pasado fueron condenados a penas que oscilan entre 10 y 11 años de prisión.
DRA/MAGA/ON/DSS.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
