El procesado aceptó su responsabilidad en cuanto al delito de hurto calificado y agravado y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Comprometida con la judicialización de los distintos actores que afectan la seguridad ciudadana en la capital del país, la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, logró que un juez de la República enviara a prisión a Juan Sebastián Cubillos Toledo, alias Frozen, de 24 años.
Labores de policía judicial evidenciaron que el procesado habría participado en, al menos, cinco hurtos a estudiantes de distintas universidades de Bogotá. Según la investigación, los delitos habrían sido cometidos en las localidades de Usaquén y Chapinero.
Las víctimas en algunas oportunidades serían engañadas por el presunto implicado; y en otras intimidadas con armas y amenazadas con la posibilidad de hacerles daño en caso de rehusarse a entregar sus pertenencias.
Declaraciones en poder de la Fiscalía permitieron establecer que los estudiantes, al parecer, eran abordados por el procesado quien, se cree, afirmaba ser integrante de la banda criminal La Oficina. Las víctimas eran amedrentadas con un arma de juego y de inmediato eran despojadas de sus celulares, joyas, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y demás objetos de valor.
Gracias a las denuncias ciudadanas y al material de prueba recaudado fue posible que la Policía Nacional capturara al procesado en la Localidad Rafael Uribe Uribe.
En desarrollo de las audiencias concentradas Cubillos Toledo aceptó su responsabilidad en el delito de hurto calificado y agravado.
FAGH/MAGA/JMM/SB
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
