La procesada habría fingido ser funcionaria del Estado para prometerles a las víctimas la entrega de subsidios y cupos para acceder a viviendas de interés social. 

 La contundencia del material de prueba aportado un fiscal de la Seccional Chocó permitió que un juez de control de garantías de Quibdó enviara a prisión a Nayibe Marcela Garcés Martínez presuntamente implicada en la estafa a varias víctimas de desplazamiento forzado.

La interceptación de líneas telefónicas evidenció que la procesada habría fingido ser funcionaria de una entidad del Estado para realizar falsos ofrecimientos a las víctimas del conflicto armado; entre los que se destacan supuestas indemnizaciones y cupos que les permitirían acceder a viviendas de interés social.

La Fiscalía determinó que Garcés Martínez al parecer presionó a las víctimas para que le giraran distintos montos de dinero, so pena de retardar o bloquear la entrega de supuestos beneficios.

El material de prueba da cuenta que las víctimas ilusionadas con la posibilidad de acceder a los ofrecimientos, conformaron grupos y designaron a nueve de personas como sus voceros, para que lideraran la entrega de los recursos. La Fiscalía logró determinar que el monto de la estafa habría alcanzado los 350 millones de pesos.

Por estos hechos la mujer fue capturada en Quibdó (Chocó) por servidores del CTI y fue presentada ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó el delito de estafa agravada, cargo que no fue aceptado por la procesada.

La Fiscalía habla con resultados.     

 

 

 

 

 

 

JLH/MAGA/AMC/MRC.

 

 

 

               

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.