El Juez Único Promiscuo Municipal de Aipe (Huila) cobijo con  medida de aseguramiento intramuros a David Andrés Cangrejo, exgerente de la ESE Carmen Emilia Ospina.

Asimismo, determinó la concesión de detención domiciliaria contra María Nubia Olmedo Cartagena, Julio César Gutiérrez Hernández, Heisson Armando García, Jorge Luis Caicedo Estupiñán, Rosa Omaira Bastidas Javela, John Jairo García, Juan Carlos Vásquez Vargas y Sergio Andrés Guevara Álvarez, funcionarios que presuntamente estarían involucrados.

Por su parte, al concejal de Neiva Edwin Felipe Hernández y al director de Comunicaciones de la Alcaldía de Neiva, Alejandro Cabrera, se les concedió la libertad, por considerar que no existían razones ni pruebas contundentes contra ellos, para vincularlos al proceso.

Contra Hernández, la Fiscalía 7ª de Administración Publica le imputó los delitos de concierto para delinquir, concusión y constreñimiento al electorado en calidad de determinador; mientras que a Cabrera le imputó los mismos delitos en calidad de coautor. No obstante el juez no encontró razones para vincularlos con dichos delitos y se le concedió libertad a la comunicadora social María Angélica Aguirre, también vinculada a la investigación.

Las labores investigativas revelan que al parecer el gerente del servicio de Salud de la Alcaldía de Neiva conformó grupos de empleados a través de los cuales ordenó apoyar políticamente a un candidato al concejo, exigiéndoles comprar bonos de solidaridad de diferentes valores proporcionales a su remuneración salarial, entre $50 mil, $100 mil y $200 mil.

Asimismo, los habría constreñido a realizar reuniones políticas en sus lugares de residencia para que convencieran a los residentes del sector y estos votaran por el candidato David Cangrejo.

Igualmente, al parecer algunos contratistas fueron invitados a realizar aportes monetarios a dicha campaña política, recibiendo como retribución la renovación de sus contratos.

Servidores CTI Huila materializaron las 12 ordenes de captura emanada por el Juzgado 39 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá por los  delitos de constreñimiento ilegal, concusión, intervención en política y concierto para delinquir.

 

CRV / AAEA