Según la investigación, el procesado, al parecer, agredió a la menor de edad durante 10 años. Se presume que los hechos provocaron que la víctima intentara atentar contra su propia vida en varias ocasiones.

Por solicitud de un fiscal adscrito a la Seccional Cundinamarca, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un ex oficial del Ejército Nacional, presuntamente, responsable de haber incurrido en actos sexuales abusivos contra su ahijada, menor de edad.

Los hechos investigados habrían ocurrido desde el 2012, cuando la niña tenía 4 años y, aparentemente, la más reciente agresión se registró el 24 de diciembre de 2021, cuando finalmente la niña decidió contarle a su progenitora lo que sucedía.

Según la investigación adelantada por un fiscal adscrito a la Seccional Cundinamarca, el indiciado, al parecer, aprovechó los momentos a solas con la niña, la confianza de sus familiares y su estado de indefensión, para realizarle tocamientos de tipo sexual.

Asimismo, hay indicios de que el hombre amenazaba a la víctima para evitar que lo delatara. Estos abusos, aparentemente, provocaron graves secuelas en la menor de edad, que en varias oportunidades habría atentado contra su propia vida.

El presunto agresor fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en vía pública de (Cundinamarca). La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El detenido no aceptó el cargo.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

LMBG/MG

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.