En uno de los hechos la víctima habría resultados lesionada con arma de fuego.
La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Duván Smith Jiménez Hernández y Diego Pablo Quiroga Barrera, a quienes un juez con función de control de garantías les profirió medida restrictiva de la libertad en centro carcelario como posibles responsables de hurtos con armas de fuego en hechos aislados en Pitalito y Garzón (Huila).
Según la investigación, en un primer caso se registró el 30 de junio de 2021. La víctima se encontraba en un restaurante ubicado en el barrio Quintas de San Luis de Pitalito (Huila) cuando llegó al parecer el hoy investigado y lo amenazó con un revólver, le hurtó el celular y salió huyendo en una motocicleta.

El capturado por orden judicial por personal del CTI en conjunto con Ejército, haría parte de un grupo delictivo dedicado al atraco a mano armada en Pitalito.
En un segundo caso fue capturado por orden judicial Diego Pablo Quiroga Barrera, quien el pasado el pasado 13 de julio en el barrio Villa del Prado de Garzón, al parecer intimidó con arma de fuego a un hombre que se encontraba paseando a su perro.

La víctima opuso resistencia por lo que el hombre le habría disparado en la pierna izquierda para hurtarle su celular.
La Fiscalía les trasladó escrito de acusación a los procesados como presuntos responsables del delito de hurto calificado y agravado. En el último caso también por el delito de lesiones personales.
Ninguno aceptó cargos.
La Fiscalía habla con resultados.
También le puede interesar: Aseguradas dos personas por hurto por medios informáticos en cinco establecimientos de Ibagué
LMGM/CFG/DSHI/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.