Por su presunta responsabilidad en la comisión de varios hurtos, ocurridos en Cartagena (Bolívar), cinco hombres fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Una de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía está dirigida en contra de Hernando Calixto Barrios Herrera, Erick Javier Teherán Calao, Jhon Jader Bertel Tuirán y José Gregorio Amaya Galván, quienes fueron capturados el pasado 13 de noviembre en el barrio El Cabrero.
Los procesados habrían aprovechado las festividades de independencia que se celebran en la capital bolivarense para hurtar, mediante la modalidad de cosquilleo, los celulares de varios ciudadanos.
La Policía Nacional, alertada sobre las acciones delincuenciales, capturó a los procesados en vía pública. En su poder les fueron encontrados más de 11 teléfonos, presuntamente hurtados.
En otro proceso fue judicializado Luis Enrique Guzmán Vivanco señalado de atracar a varios clientes de un restaurante del barrio Simón Bolívar. Los hechos se registraron el pasado 10 de noviembre cuando el procesado habría ingresado al establecimiento para apropiarse de cinco millones de la caja, además de los celulares de varias personas.
Guzmán Vivanco fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional en cuyo poder fueron encontrada un arma de fuego y varios elementos, presuntamente, robados.
Por estos hechos, los procesados fueron judicializados, según sus presuntas responsabilidades individuales, como posibles responsables de delitos como: hurto calificado agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos.
MEVA/MAGA/FP/BC/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.





