Estas personas habrían incinerado un taxi en el sector de las piscinas olímpicas.
Un adolescente que habría participado en la acción criminal también fue aprehendido.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a John Steven Caicedo Estupiñán y Jeisson Manrique Leyva, por su posible responsabilidad en la incineración de un taxi en el sector de las piscinas, en Tuluá (Valle del Cauca), el pasado 10 de febrero.
Los dos hombres habrían escapado del lugar de los hechos en una motocicleta. En la huida se encontraron un puesto de control de la Policía Nacional, donde presuntamente dejaron caer una botella con gasolina. Manrique Leyva, al parecer, se lanzó del vehículo y fue capturado; mientras que Caicedo Estupiñán se dirigió a una vivienda y minutos después fue localizado por un cuadrante de la policía de vigilancia.
En poder de la Fiscalía quedaron los elementos incautados a los detenidos, entre ellos un artefacto con apariencia de una bomba molotov y prendas de vestir impregnadas de gasolina.
Durante el procedimiento también fueron aprehendidos dos menores de edad, de 14 y 17 años, que también habrían participado en la acción criminal y se movilizaban en una segunda motocicleta.
Por todo lo anterior, un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a Caicedo Estupiñán y Manrique Leyva los delitos de terrorismo, incendio y uso de menores para la comisión de delitos. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
De otra parte, el adolescente de 17 años fue aprehendido por los delitos de terrorismo e incendio, cargos que fueron aceptados y le fue impuesta medida de internamiento preventivo en centro de atención especializada.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/AMCJ/JARG/CAM/DST/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
