La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de  Johnnatan Alberto Ardila Álvarez, alias Tocayo, y Diego Alberto Gaviria Penagos, alias Sandro, presuntos responsables de secuestrar y extorsionar a un repartidor de arepas.

El pasado 1 de abril,  en el municipio de San Pedro de Los Milagros (Antioquia), los hoy procesados fueron capturados en flagrancia por servidores del CTI con el apoyo del Ejercito Nacional, cuando se disponían a recibir 2 millones de pesos, producto de la extorsión al comerciante.
Durante la diligencia judicial las autoridades incautaron un revolver calibre 38 con 6 cartuchos y 2 motocicletas, una de ellas con las placas modificadas.
De acuerdo con la investigación, el pasado 9 de abril la victima fue secuestrada  durante 5 horas por los dos sujetos, presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Pachelly, porque se habría negado a pagar una extorsión para que lo dejaran trabajar.
Los investigadores establecieron que durante la retención los delincuentes habrían amenzado a la víctima con un arma de fuego y lo dejaron en libertad con el compromiso de pagar la exigencia económica.
Durante las diligencias preliminares alias Tocayo, presunto cabecilla de la organización criminal en San Pedro de los Milagros, y alias Sandro, no se allanaron a los cargos por secuestro extorsivo, extorsión agravada, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público.
La Fiscalía habla con resultados.

 

LFML/CFG/MV/DSP/DSA

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.