La víctima, de 40 años y quien era propietaria de una droguería, grabó el momento en que se negó a pagar una exigencia económica. Dos días después fue asesinada.
La Fiscalía General de la Nación presentó en audiencias concentradas a Sebastián Díaz Echavarría y a Samuel Eliécer Quintero Santafé, presuntos responsables de extorsionar y asesinar a una comerciante de 40 años.
Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Simití, Bolívar el pasado 23 de mayo. De acuerdo con el material probatorio, Díaz Echavarría, propietaria de una droguería, le habría exigido dinero a la mujer para no atentar contra su negocio y contra su vida. La víctima grabó en su celular cuando se negó a cumplir con la exigencia y el video fue divulgado en redes sociales.
Posteriormente, el 25 de mayo, arribaron al local dos hombres quienes dispararon en repetidas oportunidades contra la comerciante ocasionándole la muerte. Uno de los señalados agresores fue Quintero Santafé.
Durante la investigación se pudo establecer que los hombres serían integrantes la subestructura Édgar Madrid Benjumea, del Clan de Golfo, que actúan bajo el mando de alias Mauro.
Los dos hombres fueron capturados en un operativo conjunto realizado en días pasados por funcionarios del CTI y la Policía Nacional.
La Fiscalía, de acuerdo con su presunto nivel de responsabilidad, les imputó a los capturados los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, extorsión en grado de tentativa y porte ilegal de armas agravado.
Un juez con función de control de garantías los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía habla con resultados.
DRA/CFG/MRR/DSS/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
