Por solicitud de un fiscal de la Seccional Risaralda, un juez de control de garantías de Pereira envió a un centro carcelario a Juan Diego Castillo Lozada y Ánderson Hidalgo Rivera, presuntamente responsables de extorsionar a un comerciante del barrio Galicia Alta de Pereira.

Al parecer, desde inicios de 2023 la víctima vendría siendo intimidada para que pagara 150.000 pesos mensuales, so pena de atentar contra su vida, sus bienes y limitar la posibilidad de seguir trabajando en la ciudad.   De la misma manera, habría sido conminado para abandonar la vivienda.

Se observan dos hombres capturados, a un costado un funcionario del CTI y al otro uno del ejército nacional.  Atrás un pendón de la Fiscalía general de la Nación y otro del Ejército Nacional.  Al frente una mesa con material incautado y a un costado una moto.
Juan Diego Castillo Lozada y Ánderson Hidalgo Rivera fueron enviados a la cárcel por su presunta responsabilidad en una extorsión a un comerciante en Pereira.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional capturó en flagrancia a los procesados cuando se aprestaban a recibir una importante suma, al parecer, producto de la extorsión.

En desarrollo de estas acciones, las autoridades incautaron con fines de comiso una motocicleta.

El ente acusador imputó a los investigados el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

Esta información se publica por razones de interés general. 

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

CLCG/MAGA/GRM/DSR

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.