La Fiscalía General de la Nación consiguió que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Juan Carlos Henao Gómez, alias Viejo, Patrón, Juvenal o la Bruja y, Stiven Medina Cadavid, como presuntos responsables de extorsionar a un comerciante del barrio El Danubio, perteneciente a la Comuna 13 de Medellín.

En enero del presente año, la víctima fue abordada e intimidada con arma de fuego en su vivienda por dos hombres que se identificaron como integrantes del grupo delincuencial los Pesebreros del Coco y que le exigieron 17 millones de pesos por una supuesta deuda que tenía con un habitante del sector.
El comerciante negó tener dicha obligación. Sin embargo, los hombres le siguieron exigiendo el pago del dinero a cambio de no atentar contra su vida y su núcleo familiar.
El pasado 29 de mayo fue citado en vía pública del barrio Santa Rosa de Lima, donde habría sido abordado e intimidado por Medina Cadavid quien le exige ir a otro sector. Ante su negativa Henao Gómez llegó en una motocicleta y al parecer le reitera que tiene que acompañarlos a otro barrio para entregar el dinero exigido.
Los investigados fueron capturados en flagrancia por servidores del Gaula de la Policía Nacional mientras intimidaban a la víctima. Ninguno de los dos aceptó los cargos por el delito de tentativa de extorsión agravada que les imputó la Fiscalía.
Durante la diligencia judicial fueron incautados los celulares de los procesados y la motocicleta en la que se transportaba uno de ellos.
Esta información se publica por razones de interés general.
NAMT/LMFO/CFG/GV/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.