Un juez con función de control de garantías de Pitalito (Huila) acogió la petición de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, presuntamente, implicados en actos sexuales contra menores de edad, cuyas agresiones fueron cometidas en San Agustín y Pitalito (Huila). Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
El primero de los casos se presentó en el barrio Ullumbe de San Agustín (Huila) el pasado 7 de diciembre cuando un hombre de 19 años de edad habría realizado tocamientos íntimos a una menor de 12 años.
Esta situación fue observada por el hermano de la víctima quien decidió cerrar la puerta de la casa con llave y alertar de inmediato a la Policía Nacional. El capturado fue imputado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
El segundo caso se presentó el 30 de septiembre anterior cuando una menor de 16 años de edad fue agredida sexualmente en un montallantas, de la vía que comunica los municipios de Pitalito y Neiva.
El material probatorio recaudado evidencia que el padrastro de la menor se detuvo en el lugar para ingresar al baño. En ese momento un hombre se acercó al menor y tras amenazarla con un cuchillo la forzó a ir a una zona despoblada donde la habría abusado sexualmente. Este hecho fue denunciado por el padrastro de la víctima.
Los procedimientos de captura estuvieron a cargo de la Policía de Vigilancia en Ibagué (Tolima). La Fiscalía imputó al procesado como supuesto responsable de los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado agravado.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM/MAGA/EAP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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