Los dos uniformados habrían señalado a la víctima de movilizarse en una motocicleta hurtada.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el subintendente de la Policía Nacional, Jonatan Estiben Cárdenas Carrasquilla y el patrullero Deimis González Murillo, como presuntos responsables de exigirle dinero a un motociclista para no judicializarlo, por el supuesto delito de receptación.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública les imputó los ilícitos de concusión, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados por los uniformados.
Los hechos investigados ocurrieron en una estación de gasolina del barrio Campo Valdés de Medellín (Antioquia), el 12 de septiembre de 2024, cuando los uniformados, al parecer, capturaron a un hombre, porque supuestamente se movilizaba en una motocicleta hurtada. Minutos después le habrían exigido 5 millones de pesos para dejarlo en libertad.
La investigación permitió establecer que la víctima consiguió un millón de pesos en efectivo, que les habría entregado a los uniformados. Posteriormente, Cárdenas Carrasquilla y González Murillo, al parecer, se llevaron la motocicleta y hasta el momento se desconoce su ubicación.
Por otra parte, el 7 de octubre de 2024, el subintendente Cárdenas Carrasquilla, presuntamente elaboró un informe falso en el que reportó que el 12 de septiembre encontró una motocicleta abandonada con el chasis y el motor regrabados, sin embargo, no consignó el destino final del mencionado rodante.
Los dos procesados fueron capturados por servidores del Grupo Anticorrupción de la Sijín de la Policía Nacional.
LFML/LSAH/DSM/LMFO/AMCJ/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
