La Fiscalía General de la Nación judicializó en hechos independientes, a dos mujeres quienes fueron capturadas en flagrancia cuando, cobraban distintas sumas de dinero, al parecer, por extorsiones.
Los hechos se presentaron en los departamentos del Meta y Antioquia y las capturas fueron realizadas bajo la dirección de fiscales especializados del Gaula.
En Meta
En Meta fue capturada en flagrancia Ana Esmeralda Palmezano Hernández cuando, al parecer, cobraba a nombre del Clan del Golfo una extorsión.
Según la investigación, adelantada de manera coordinada con el Gaula de la Policía Nacional, a comienzos de abril la víctima fue constreñida para entregar 50 millones de pesos a cambio de no hurtarle 86 cabezas de ganado, ni atentar contra su vida o la de sus familiares o la del administrador de su finca.
En Antioquia
En Carmen de Viboral (Antioquia) fue capturada Liliana Patricia Montoya cuando pretendía recibir 1’500.000 pesos de manos de un residente de la zona rural de ese municipio.
Según la investigación, la víctima recibió varias llamadas de un supuesto cabecilla de un grupo armado ilegal, quien le exigía el pago de 2’000.000 de pesos. Suma que era cobrada por Montoya, compañera sentimental del supuesto cabecilla.
Ninguna de las procesadas aceptó su responsabilidad en cuanto a los delitos de extorsión agravada tentada, que les fueron imputados por la Fiscalía. Los jueces impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
LMFO/MAGA/JROA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.