Los hoy procesados le solicitaban $30.000.000, para no atentar contra su familia.

Al acoger las evidencias y el material probatorio de la Fiscalía, el Juez Promiscuo Municipal de este municipio con control de garantías privó de la libertad a Yoiman Fernando Castillo y a Diego Alexander Vallejo Arciniegas por el delito de extorsión agravada.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de septiembre de 2021, en una finca ubicada en la vereda San Miguel del municipio de Sandoná, cuando la víctima de 60 años, fue abordada por 4 personas dentro de los que presuntamente se encontraban los procesados. Los hombres habrían llegado al inmueble en dos motocicletas y al parecer le exigieron al adulto mayor el pago de $30.000.000, para no atentar contra su vida y la de su familia.

Los 4 hombres le habrían asegurado a la víctima que eran integrantes de un grupo armado ilegal que opera en el sector de Sabaleta del corregimiento de Llorente, zona rural de Tumaco, costa pacífica nariñense. Los presuntos extorsionistas pactaron la entrega del dinero para el 30 de septiembre de 2021 en el parque principal de Sandoná.

El hombre de 60 años instauró la denuncia ante el Gaula de la Policía, quienes organizaron el operativo y capturaron en flagrancia a Yoiman Fernando Castillo y a Diego Alexander Vallejo Arciniegas.

Durante las audiencias concentradas, los dos judicializados no aceptaron los cargos imputados por el ene investigador y el Juez Promiscuo dictó en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados

JGPV/DRFAGH

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004