Al acoger los argumentos de la Fiscalía, jueces de control de garantías privaron de la libertad en establecimiento carcelario a dos presuntos responsables de agredir sexualmente a menores de edad.  Uno de los judicializados es el tío de la víctima y el otro un vigilante.

En las fotografía aparece un capturado junto a personal de Fiscalía General de La Nación y Policía Nacional. En la parte posterior de la imagen se ven banners de Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
El tío de la menor fue imputado como presunto responsable del delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

Uno de los hechos ocurrió en la vereda El Carmelo de La Plata (Huila), donde el hombre de 21 años, al parecer, se acostaba en la cama con su sobrina de 6 años, a quien le realizaba actos sexuales.

De acuerdo con la investigación, los abusos sucedían cuando la abuela de la niña se ausentaba. Un último hecho se registró en abril de este año.

Servidores del CTI y Policía Nacional efectuaron la captura del hoy procesado frente a su casa. Durante las audiencias concentradas le fue imputado el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

En otro caso fue judicializado otro hombre, quien el pasado 2 de noviembre, mientras se desempeñaba como vigilante nocturno en la galería de San Agustín (Huila) le habría realizado tocamientos íntimos a una menor de 10 años.

La víctima se encontraba acompañando a su madre quien tiene un puesto de comidas allí.

Este 10 de noviembre la Fiscalía imputó al hombre, quien fue capturado en flagrancia por Policía Nacional, el delito de acto sexual violento agravado.

La Fiscalía habla con resultados. 

LMGM/MG/DFHI/DSH

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.