Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación dos hombres, presuntamente, responsables de abusar sexualmente de tres menores de edad, en hechos ocurridos entre los años 2020 y 2022, fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías. Los hechos, independientes entre sí, ocurrieron en Puerto Concordia (Meta) y Calamar (Guaviare).
Los presuntos abusadores sexuales fueron presentados ante jueces de la República, ante quienes la Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo sucesivo con actos sexuales con menor de 14 años agravado.
El primero de los casos se presentó en el sur del Meta donde un hombre de 31 años al parecer aprovechó la confianza y la convivencia familiar para agredir sexualmente a la hija de su entonces compañera sentimental. La víctima tenía, al momento del abuso, 9 años de edad. El procesado fue capturado por servidores del CTI de la Fiscalía, apoyados por la Armada y el Ejército Nacional. Los cargos no fueron aceptados.
El segundo hecho se presentó en área rural del municipio de Calamar (Guaviare), donde según denuncia anónima radicada ante la Comisaria de Familia, un hombre fue detenido por el presunto abuso sexual de sus dos hijas, menores de edad.
Las víctimas habrían sido amenazadas por el procesado con agredir a su mamá si contaban lo sucedido. Al verificar los presuntos abusos sexuales continuos, las menores de edad fueron retiradas del núcleo familiar para el restablecimiento de sus derechos. La contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía permitió que el hombre aceptara los cargos.
La Fiscalía habla con resultados.
PYMP/MAGA/ICLH/DSG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
