La Fiscalía General de la Nación Seccional Caldas judicializó a Samuel David Ramírez, Esteban Ramírez, Jairo Rodríguez y Diego Fernando Angulo Prado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, hurto agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos con circunstancias de mayor punibilidad.

Los hechos por los cuales los señalan ocurrieron el 7 de marzo de 2024 en Anserma (Caldas) cuando, estas personas, entre quienes se encuentra un menor, al parecer, llegaron a la vivienda de Jhon Fredy Arce con la intención de efectuar un hurto y en medio del asalto le dispararon.

Presuntamente una mujer, habría contratado a estas personas, para que ingresaran a la casa de la víctima, donde se presumía tenía alrededor de $120 millones, y se los robaran.

Cuando al parecer Arce salió a trabajar fue interceptado por los hombres, que supuestamente, habrían llegado desde Cali (Valle del Cauca) el día anterior, pero cuando intentó pedir ayuda le dispararon ocasionándole la muerte de inmediato.

Los procesados huyeron, pero fueron interceptados por la Policía en el sector de Remolinos y fueron capturarlos.

Los cuatro detenidos quedaron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el menor aprehendido fue puesto a disposición de un fiscal de la Unidad de Infancia y Adolescencia para su judicialización.

Estos resultados se logran de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

 

La Fiscalía habla con resultados

JLH/DSC/LYBT/ACG

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.