La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Leidy del Carmen Galvis Vargas, ciudadana venezolana, como presunta responsable del secuestro de un estudiante oriundo de Bolivia.
Según la información obtenida por los investigadores del Gaula, la víctima contactó a Galvis Vargas por medio de una plataforma digital y luego llegó a Colombia con el fin de conocerse con la mujer.
El 21 de diciembre de 2022, en el barrio Hato Viejo del municipio de Bello (Antioquia), la víctima habría sido retenida en contra de su voluntad y golpeada por una pareja, que le exigían la suma de 300 dólares para dejarlo en libertad y no atentar contra su vida.
Ante la demora en el pago de la exigencia económica, los presuntos victimarios habrían quemado el cuerpo del hombre con cigarrillos.
A las 5 de la tarde de ese mismo día, el hombre fue dejado en libertad en inmediaciones de la terminal del norte de Medellín, y le indicaron que si avisaba a las autoridades atentarían contra su vida y la de su familia.
Galvis Vargas, capturada por servidores del Gaula de la Policía Nacional, no aceptó los cargos imputados por un fiscal destacado ante el Gaula Medellín por el delito de secuestro extorsivo agravado.
Por estos hechos, en los próximos días la Fiscalía imputará cargos contra Duván Andrés Carvajal Garcés, quien fue capturado el 27 de abril de este año en la ciudad de Cartagena (Bolívar) por el delito de tráfico de estupefacientes.
La Fiscalía habla con resultados
NAMT/MG/AR/YMAS/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
