Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Wilder Arley Saldarriaga Palacio, Jaime Enrique Ospina Vásquez, Joaquín Santiago Guevara Tapias, Julio Cesar Hoyos Yalí y Wilson Andrés Ortiz Giraldo, como presuntos responsables del delito de secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego y municiones de uso civil y militar.

Los procesados fueron capturados este viernes 19 de enero por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades del Gaula del Ejército Nacional en una vivienda del municipio de Envigado (Antioquia), donde fue liberado un comerciante que estaba secuestrado desde el día anterior.  En la acción judicial fueron incautadas armas y municiones de corto y largo alcance, así como más de 6 millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Medellín, la víctima fue citada con engaños al inmueble, para la supuesta negociación de criptomonedas y cuando llegó al lugar, habría sido retenida en contra de su voluntad, amarrado y amenazado con las armas. Se estableció que los hoy procesados le habrían exigido la suma de tres mil millones de pesos por su liberación.

Los investigadores establecieron que, al parecer, el secuestrado alcanzó a transferir a sus captores 184 mil dólares en criptomonedas.

Durante las audiencias concentradas ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados.

 

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

LFML/MG/AG/MG/YMAS/DSM

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.