Los hechos ocurrieron en enero y mayo del presente año.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Pablo Andrés Sánchez Menjura, alias Pablito, presunto responsable de dos asesinatos y tres tentativas de homicidio en Buga (Valle del Cauca).
Alias Pablito fue capturado en cumplimiento de una orden judicial durante diligencia de registro y allanamiento, el pasado 17 de mayo, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional en el barrio Montebello.
Las labores de policía judicial dan cuenta de que el hoy imputado habría participado en hechos ocurridos el pasado 6 de enero, cuando Sánchez Menjura, al parecer, atacó con arma de fuego a un hombre y causó lesiones a otro en una vivienda en el barrio Uninorte de Buga.
Asimismo, se le endilga el homicidio de otra persona y lesiones graves a otras dos, entre ellas una menor de 15 años, el pasado 7 de mayo, en el barrio Santa Bárbara de la misma localidad.
Por estos hechos un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Cárcel por tráfico de estupefacientes
Durante la misma diligencia de registro y allanamiento, en la que fue capturado alias Pablito, las autoridades capturaron en flagrancia con 1.080 gramos de marihuana a Rubén Darío Martínez, de 22 años.
La Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, cargos que no aceptó. El juez también acogió la solicitud de la Fiscalía y decidió que Martínez debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
MAP/AICR/DSVC/AMCJ/CFG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
