La víctima habría asesinada en una vivienda conocida como la Casa del Terror. 

Un fiscal de la Seccional Bogotá logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento  en centro carcelario en contra de Angela Yiseth Castro Rentería, alias la Murga,  como presunta coautora de homicidio agravado en concurso heterogéneo con el delito de tortura y en concurso heterogéneo con el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos material probatorio.  Cargos a los que no se allanó.

Según la investigación, el día 22 de junio del año 2023, alias la Murga, presunta cabecilla de una organización delincuencial dedicada al trafico de estupefacientes denominada Los Cachorros, habría llevado a una mujer conocida con el a alias La Flaca hasta una  vivienda del barrio Manzanares de la localidad de Bosa, donde al parecer fue torturada y asesinada.  El inmueble donde ocurrieron los hecho es conocido como la Casa del Terror o Casa Negra.

El cuerpo de alias la Flaca fue sacado en una carreta y abandonado en una ciclovia ubicada a  cinco cuadras del lugar del crimen, para que  fuera recogido por el carro de la Basura.   Sin embargo, por  órdenes de alias la Murga, el cadáver fue llevado finalmente en otra carreta hasta  el Humedal de Tibanica, donde fue hallado por las autoridades envuelto en un colchón, atado de pies y manos; con signos de tortura y varias heridas producidas por arma blanca.

La procesada habría ordenado el homicidio de la víctima esta mujer por una supuesta  deuda   de estupefacientes.

 La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

FAGH/LFML/JM/LM/SB/                                       

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.