El procesado habría participado en la promoción de un paro armado ordenado por ese grupo delincuencial en Nariño (Antioquia).
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Jhonatan Osorio Giraldo, alias Chatarra, como presunto responsable de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar, y amenazas.
Alias Chatarra, sería el segundo cabecilla de un grupo delincuencial denominado Clan de Oriente, que actúa en el oriente antioqueño y el sur del departamento de Caldas. Fue capturado este 14 de marzo en un operativo conjunto adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tropas del Ejército Nacional. Durante el procedimiento adelantado en zona boscosa de Samaná (Caldas) fueron incautados 858 gramos de marihuana y 60 gramos de cocaína.
Osorio Giraldo también es investigado por amenazar a pobladores y comerciantes del municipio de Nariño (Antioquia) durante un paro armado que sufrió esa población entre el 10 y 13 de febrero de este año. Al parecer detrás de esa acción estaría el Clan de Oriente.
El procesado no se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la Seccional de Antioquia.
El presunto cabecilla había logrado escapar el pasado 17 de febrero de un operativo adelantado por el CTI con el apoyo del Ejército Nacional, en el municipio de Samaná. En ese procedimiento fueron incautadas armas de corto y largo alcance, más de 450 cartuchos y una granada de fragmentación. En la acción también fue aprehendido y judicializado un adolescente de 17 años.
La Fiscalía habla con resultados
NAMT/LFML/LSA/DSP/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.