Luego de meses de investigación se pudo establecer que los capturados, al parecer, tenían injerencia en el barrio Santa Fe en los sectores Nuevo Milenio, Zarabanda y Brisas del Sinú, en Montería.

Luego de la solicitud de un fiscal seccional de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA), un juez penal municipal de Montería cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a ocho presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Los indiciados, quienes no aceptaron los cargos que le imputó la Fiscalía, son señalados de presuntamente realizar venta de alucinógenos en la modalidad de microtráfico en los barrios Santa Fe, Brisas del Sinú y Zarabanda, en Montería.

Se trata de José Francisco Suárez Hosten, Jesús Daniel Sánchez Espitia, Carlos Arturo Gómez Pérez, Daniel Esteban Villalba Guzmán; Abraham de Jesús Macea Arévalo, Yeison Manuel Giraldo Martínez, Mauricio de Jesús Sierra Méndez y Carlos Alfredo Molina Velásquez.

El fiscal del caso dentro  de las audiencias pudo establecer que los hechos se habrían presentado desde enero de 2022 a la fecha. Además, el ente acusador demostró la aparente participación de los procesados con vídeos, evidencias fotográficas y testimonios que los vinculaba a la supuesta comercialización de sustancias estupefacientes en Montería.

El 29 de junio de 2022, se adelantaron 11 diligencias de allanamiento y registro, en igual número de inmuebles ubicados en el perímetro urbano de Montería, donde se logró la captura de los procesados.

A su vez, en el desarrollo de las acciones operativas se incautaron sustancias estupefacientes y una motocicleta.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

VHGB/FAGH/MEPB/DSC

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

 

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