Los procesados estarían implicados en, al menos, 34 eventos delictivos cometidos en el centro de Cali y en varias comunas del oriente de esta ciudad.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Cali, afectó la estructura criminal Los Chacales, también conocida como Los Haitianos. El trabajo articulado entre el ente acusador y la Policía Nacional posibilitó la captura de 17 presuntos integrantes de esta red ilegal, señalada de incurrir en extorsiones y secuestros.
Labores de policía judicial evidenciaron cómo el grupo delincuencial incurría en acciones ilegales en el barrio Comuneros I, sector Brisas de Las Palmas; en las Comunas 14, 15, 21 y 3 de la capital vallecaucana. Allí intimidaban a ciudadanos y comerciantes exigiéndoles el pago de sumas que iban de 20.000 a 1 millón de pesos, para permitirles trabajar o residir en dichas zonas.
Estas acciones habrían sido cometidas, al menos, desde junio de 2024. En caso de no cumplir con las exigencias económicas ilegales, las víctimas debían afrontar atentados, hurtos constantes y hasta el desalojo de sus predios.
En el marco de las investigaciones, la Fiscalía evidenció 34 acciones delictivas en las que habrían participado los ahora procesados. En este contexto fueron ordenadas 25 diligencias de registro y allanamiento durante las cuales se materializaron las órdenes de captura.
Un fiscal especializado imputó a los procesados, según su eventual responsabilidad individual, delitos como: concierto para delinquir, extorsión, hurto calificado y homicidio, todos agravados. Además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones; desplazamiento forzado; homicidio en grado de tentativa. Todos fueron asegurados en centro carcelario.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
