Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 13 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Chamos, a quienes les fueron imputados, según sus responsabilidades individuales delitos como: concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y uso de menores de edad para la comisión de crímenes.

En la fotografia se puede ver a los 12 detenidos de espaldas y a los costados dos funcionarios de la policia
La Fiscalía le imputó cargos a 13 presuntos integrantes del GDCO Los Chamos por su presunta responsabilidad por los delitos de: concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y uso de menores de edad para la comisión de crímenes.

Durante la investigación, se evidenció que este grupo delincuencial comercializaba sustancias ilegales en entornos escolares y deportivos de Piedecuesta (Santander). Para esto, al parecer, utilizaban la modalidad de ‘mano a mano’ e instrumentalizaban menores para evadir los controles de las autoridades.

Según las investigaciones, el comercio ilícito le generaba a la red criminal ganancias mensuales cercanas a los 25 millones de pesos.

En el desarrollo de 12 diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional en los barrios La Feria y Plaza de Mercado fueron capturados los procesados. En los lugares encontraron distintas cantidades de marihuana, cocaína; además de dinero en efectivo, celulares y elementos para dosificar las sustancias.

 

 

 

 

DRA/LMFO/MAGA/MRR/DSS.

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.