El Juzgado 30 Penal Municipal de Medellín acogió lo elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación y envió a la cárcel de manera preventiva a 13 presuntos integrantes de una banda criminal conocida como los Carabanudos, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), entre enero de 2020 y noviembre de 2021 los procesados se habrían dedicado a la comercialización de estupefacientes en varias plazas de vicio ubicadas cerca a establecimientos educativos y escenario deportivos del centro de la capital antioqueña.

Los investigadores establecieron que las acciones delictivas se habrían realizado durante las 24 horas del día con la asignación de turno de sus presuntos integrantes.

Para la judicialización y captura de los investigados, la Fiscalía realizó más de 50 entrevistas, y conexo 13 carpetas de hechos presuntamente cometidas por la organización en ese sector de Medellín. También se lograron 33 hallazgos de sustancias estupefacientes.

La banda delincuencial Los Carabanudos estaría alineada al Grupo Delincuencial Organizado (GDO) La Terraza.

En el mismo fallo la judicatura impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio a Luisa María Hernández Vélez, decisión que fue apelada por el organismo acusador.

La defensa de una de las procesadas identificada como Yordana Beatriz Nieves Molina, de nacionalidad extranjera, apeló la decisión de primera instancia ante los jueces penales del circuito.

NAMT/MR/FAGH

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.


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