Un juez con función de control de garantías acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 11 presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Yoguis, dedicada al tráfico de estupefacientes en los municipios de San Gil, Girón y Barrancabermeja (Santander).

en la foto aparecen los 11 asegurados siendo custodiados por miembros de la Policía.
En operativos realizados en los municipios de San Gil, Girón y Barrancabermeja, Santander, fueron capturados 11 presuntos miembros de la banda Los Yoguis, que fueron enviados a la cárcel.

De acuerdo a la investigación, esta estructura criminal se dedicaba a la venta de alucinógenos a través de servicio a domicilio puerta a puerta, con el fin de no levantar sospechas ante las autoridades.

Los investigados fueron capturados durante 8 diligencias de allanamiento en las citadas poblaciones, en las que también se incautaron 7 celulares, alrededor de 100 gramos de estupefacientes y dinero en efectivo.

La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, porte ilegal de arma de fuego de acuerdo con sus responsabilidades individuales. Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados.

Los asegurados fueron identificados como Juan José Jiménez Tinoco, Luz Mari Ríos, Jhan Carlos Portacio, Jefferson David Agaton, Jonathan Jiménez, Ronald Jesús Brett, Carlos Andrés Blanco, Yorwin Antonio Pérez, Víctor Manuel López, Jimmy Jair Cortes y María Cristina Aparicio.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

DRA/LFML/ORA/DSS

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.