La Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de un oficial, un suboficial, ocho soldados profesionales y un civil, como presuntos responsables de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, y destrucción u ocultamiento de documento público.
Los hechos investigados por un fiscal de Derechos Humanos y DIH ocurrieron el 15 de agosto de 2007 en el barrio La Pradera de Aguazul (Casanare), donde un informante del Ejército llegó a la vivienda de Jenner Aldrúbal Vega Sibo a proponerle su participación en un negocio supuestamente ilegal.
Al día siguiente el cadáver de Vega Sibo fue hallado a la orilla de la quebrada Guadalcanal en la vía que de Aguazul conduce a Pajarito (Boyacá), y fue presentado por miembros del Ejército como baja en combate. Sin embargo, las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que esa persona no fue muerta en desarrollo de una confrontación armada.
La decisión judicial afecta a: Wilson Ricardo Cardozo Montaña, subteniente; Henry Alexander Peña Martínez, cabo primero; los soldados profesionales Alexander Quintero Barón, Javier Alejandro Cruz Sánchez, Aldemar Wilfredo Jiménez Bermúdez, Fabio José Larios Gómez, Juan Carlos Garzón Moreno, Noriel Alzate Jiménez, Alquímedes Amaya Avendaño, César Augusto Martínez Arias, y al civil Juan Gabriel Bonilla Mesa.
Los acusados están privados de la libertad en el Batallón Ramón Nonato Pérez de Tauramena (Casanare).
