Los procesados estarían implicados en dos homicidios ocurridos en enero pasado.
El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Yeirson Alberto Zapata Gómez, alias Simpson; y a David Santiago Sepúlveda Loaiza, alias Richi.
Estas dos personas harían parte de la organización criminal Clan del Golfo, y en tal condición habrían participado en dos asesinatos ocurridos en el municipio de Mistrató (Risaralda).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Risaralda les imputó, según su eventual responsabilidad individual, los delitos de homicidio y, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; ambas conductas agravadas.
Uno de los hechos ocurrió el pasado 17 de enero en la vía que conduce del municipio de Mistrató al corregimiento de San Antonio del Chamí (Risaralda). Zapata Gómez, acatando órdenes de Sepúlveda Loaiza habría disparado contra un hombre de 29 años, quien murió en el lugar.
El segundo hecho ocurrió el pasado 18 de enero en el barrio Arrayanal del mismo municipio. Se presume que Sepúlveda Loaiza, en compañía de otra persona, atacó con arma de fuego a un hombre de 30 años, quien murió producto del ataque.
Los dos crímenes habrían sucedido por la confrontación que para entonces tenían los grupos ilegales Clan del Golfo y Cordillera, por el control territorial.
Esta información se publica por razones de interés general.
CLCG/MAGA/CABS/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
