La Fiscalía además obtuvo sentencia condenatoria contra el responsable del intento de asesinato de una firmante de paz en Putumayo.

 

Las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), permitieron que un juez condenara a 34 años de cárcel a Jorge Eliécer García Estupiñán, responsable de los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado.

La Fiscalía demostró que García Estupiñán, presunto mando medio de la estructura delincuencial Los de Vaca o Resistencias Unidas Campesinas (RUC), participó en la desaparición forzada de cinco firmantes de paz.

Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2017 en la vereda Isupí, en El Charco (Nariño). Las víctimas fueron retenidas por hombres armados quienes los acusaron de incumplir las órdenes impartidas por esta red criminal en la zona.

La investigación determinó que los firmantes fueron amarrados de manos, y conducidos por un río. Desde entonces no se conoce su paradero.

Tentativa de homicidio a firmante de paz

Ferney Andrés Cuaspur Chacua aceptó, mediante preacuerdo, su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio agravada y; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

De acuerdo con la investigación, el sentenciado participó en el intento de asesinato de la firmante de paz Leidy Lorena Pasu Ceromeca. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre del 2023, en Mocoa (Putumayo).

La firmante de paz fue atacada por el hoy condenado que le disparó cuando se encontraba en su residencia.  La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde lograron salvarle la vida.

Un juez penal especializado de Mocoa avaló la negociación judicial y lo condenó a 9 años y 1 mes de prisión. También fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

 

AMCJ/MAGA/AAB/UEI/LAGP/

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.