La Fiscalía Seccional Cesar obtuvo sentencia condenatoria de 55 años de prisión en contra de Luis David Pérez Pertuz, alias Lucho Rabo y Deyvis José Rapalino Gracia, por el homicidio de dos menores de edad.

En la imagen se aprecia al sentenciado custodiado por dos funcionarios del CTI de la Fiscalía.
Luis David Pérez Pertuz, una de las dos personas condenadas a 55 años de prisión por el homicidio de dos menores de dad en el Cesar.

Los hechos se registraron el 25 de julio del 2021 en una finca ubicada en el sector de Camperucho, zona rural del corregimiento de Los Venados (Cesar).

Según la investigación, los hoy condenados llegaron al lugar en horas de la madrugada e ingresaron de manera violenta preguntando por una persona, y al no encontrarla intimidaron con un arma cortopunzante a dos mujeres amenazando con asesinarlas.

Ante esta situación uno de los menores intentó defender a su progenitora, pero fue asesinado por uno de los sujetos. La otra víctima, que trató de huir, también corrió la misma suerte que su hermano.

Pérez Pertuz fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional quienes llegaron al lugar por el aviso de los vecinos. Mientras que Rapalino Gracia fue detenido por las autoridades en una casa del municipio de San Diego (Cesar).

En desarrollo de las audiencias los victimarios se allanaron a los cargos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo imputados por la Fiscalía.

Esta información se hace pública por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados

 

 

 

 

EDH/CFG/AAPF/DSC/MRC/

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.