Siete personas fueron judicializadas y aseguradas en centro carcelario, entre ellas cinco integrantes de la Policía Nacional.
La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, identificó un entramado ilegal en el que informes oficiales de incautación de estupefacientes eran alterados para reportar menores cantidades, apropiarse de las sustancias ilícitas y posteriormente venderlas a grupos narcotraficantes.
En diligencias realizadas en Riohacha (La Guajira) fueron capturadas siete personas que estarían implicadas en los hechos descubiertos. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, y concierto para delinquir agravado. Entre tanto, un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los afectados con la decisión son cinco integrantes de la Policía Nacional, los subtenientes Iván Leonardo Góngora y Édinson Javier García Mercado, y los patrulleros Jesús Albeiro Bohórquez Arévalo, Óscar Andrés Torres Mosos y Carlos Alberto Novoa Morales; y los particulares Eduardo Barrera Jiménez y Luis David Ustariz Hernández.
La investigación permitió conocer que los uniformados serían los encargados de modificar los informes y de disponer de vehículos oficiales para desviar los narcóticos, y entregárselos a terceros que lo almacenaban en inmuebles y coordinaban su envío a países de Centroamérica y Estados Unidos.
En el curso del proceso se materializaron varios procedimientos en Maicao y Riohacha (La Guajira), en los que se incautaron 98 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 700 kilogramos de marihuana, un arma de fuego y dispositivos electrónicos.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/JARG/JP/DECN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
