La Fiscalía logró la judicialización de tres personas, una de ellas es un ciudadano de Montenegro, país de la península balcánica europea.

Los argumentos presentados por la Fiscalía General de Nación fueron determinantes para que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en cárcel a tres hombres, uno de ellos de nacionalidad montenegrina, quienes pretendían sacar media tonelada de cocaína en un velero de bandera panameña.

La embarcación habría zarpado de las costas de Cartagena (Bolívar); sin embargo, la tripulación decidió mantenerse en aguas jurisdiccionales para evitar el fuerte oleaje del Mar Caribe. En esa espera fue interceptada por la Armada Nacional en el sector de Bocagrande.

En la inspección al velero fueron encontradas 25 maletas de viaje que guardaban 493 bloques de una sustancia blanca. Las personas a bordo señalaron que se trataba de yeso, pero las pruebas técnicas arrojaron positivo para clorhidrato de cocaína. Exactamente, 494 kilogramos del alcaloide.

Los tripulantes fueron capturados y un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente.

Los procesados son: Andrés Alejandro Silvera Malo, capitán y propietario del navío; Julio Álvarez Claro Manuel; y Armys Iván, ciudadano de Montenegro (Europa).

Las investigaciones preliminares dan cuenta de que el cargamento pertenecería a una red criminal trasnacional, señalada de usar las costas colombianas para enviar cocaína a países de Centroamérica con destino final Europa.

Esta información se publica por razones de interés general.

LMBG/JARG/DNCN

La Fiscalía habla con resultados

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.