Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, impuso medida de aseguramiento, restrictiva de la libertad en centro carcelario contra José Vicente Guerra Márquez, exagente de la policía, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho, constreñimiento a la prostitución y concusión.
Según se pudo establecer, como resultado de información suministrada por una fuente no formal, se dieron a conocer presuntos hechos de corrupción en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la capital del Cesar, y sus alrededores.
Según se logró determinar, en la URI se estarían solicitando sumas de dinero para ubicar a los internos en espacios más cómodos, ingresar celulares, alimentos y bebidas prohibidas, incluso estupefacientes, entre otras actividades ilegales.
En dichas acciones estarían inmersos uniformados de la Policía Nacional, abogados, funcionarios públicos y particulares.
Es de advertir que con anterioridad fueron judicializados los agentes de la Policía Nacional Edwin Calderón Vargas, Sergio Antonio Mendoza Chiquillo y Ellevis Luis Alarcón Rivera, a quienes se les formuló imputación y se les impuso mediada de aseguramiento.
Estas acciones están enmarcadas en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024 liderada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
La Fiscalía habla con resultados
EDH/MAGA/MCMM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
