Producto de la agresión sexual la víctima quedó embarazada.
Una interna de la cárcel El COPED Pedregal de la ciudad de Medellín (Antioquia) denunció a la Fiscalía que en la madrugada del 29 de agosto de 2024, un integrante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ingresó a la celda No. 15 de la UTE (Unidad de Tratamiento Especial) en la que permanecía privada de la libertad, la intimidó, maltrató física y verbalmente, para luego someterla sexualmente en medio de amenazas.
En su relato indicó que este hecho se repitió en la madruga del 5 de septiembre cuando otro guarda repitió las agresiones en su contra. Posteriormente, soportó intimidaciones que buscaban callarla y evitar que reportara lo sucedido.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, asumió el caso y dispuso de varias actividades de policía judicial que permitieron identificar y obtener elementos materiales probatorios contra los posibles agresores.
Se trata de los dragoneantes Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez. Este último, de acuerdo con pruebas de ADN realizadas, dejó en estado de embarazo a la víctima producto de la agresión sexual.
Los dos funcionarios fueron capturados en diligencias realizadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia). Entre tanto, la Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión. Los cargo no fueron aceptados.
Por disposición del juez de control de garantías Castaño Sánchez deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Alvarado Torres seguirá vinculado a la investigación.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/AEM/DECC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
