Como presuntos responsables del delito de concusión, el Juzgado 12 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en domicilio en contra de los patrulleros de la Policía Nacional Mauricio Rafael Peñates Osorio y Sergio Ascanio Estevez.

Según la denuncia instaurada por las víctimas, este 5 de noviembre a las 3:30 pm una pareja, que iba en motocicleta por el barrio Robledo de Medellín, fue abordada por una patrulla motorizada de la Policía Nacional para una requisa.

Después de realizar el requerimiento policial, los uniformados los llevaron al CAI del Barrio López de Mesa. Allí alejaron al hombre de la mujer, y al parecer le exigen la suma de $1.000.000 a cambio de no judicializarlo y no reseñarlo como integrante de un grupo criminal.

La víctima dice no tener ese dinero, por lo que acuerdan la entrega de $600.000.

Los uniformados conducen a la pareja a una zona poco transitada del mismo sector y le dicen a la mujer que fuera a conseguir el dinero mientras ellos esperaban en ese mismo lugar con su compañero sentimental.

Patrulleros asegurados por presuntamente exigir dinero a una pareja para no judicializarla.

La mujer se comunicó con la línea de atención del Gaula para exponer su caso y a las 6:30 pm servidores del Cuerpo Técnico de Investigación con apoyo del Ejército Nacional, llegaron al lugar de los hechos y capturaron a los uniformados cuando recibieron el paquete que simulaba tener el dinero producto de la extorsión.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un Fiscal del Gaula Medellín.

NAMT/MG/GV

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.