Dentro de una investigación que se adelanta por los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la compra de elementos para una institución educativa del municipio de Coyaima (Tolima), la Fiscalía General de la Nación descubrió que se pagaron pero no los entregaron.
El ente acusador logró evidenciar que para noviembre de 2014, Jhon Jairo Herrera Laverde, pagador de la institución, junto con un particular, supuestamente se interesó de manera irregular en la etapa de trámite y adjudicación de un contrato que tendría como objeto la compra de 4 motobombas eléctricas sumergibles, una cámara de video full HD, un computador portátil, un video beam, una cámara fotográfica 16 megapíxeles y una impresora multifuncional por valor de $12 millones 300 mil, para el colegio.
Al parecer, Herrera Laverde contactó a una persona cercana para que presentara las debidas cotizaciones, así como los documentos que cumplían los requisitos exigidos. Así, un familiar del conocido del pagador fue quien se presentó como único oferente con los documentos requeridos, por ende se quedó con la adjudicación del contrato.
El 28 de noviembre de 2014, el pagador Herrera Laverde expidió los soportes de ingreso que garantizaban la entrada de todos los elementos al almacén de la institución educativa. Sin embargo, la cámara full HD y el computador portátil no fueron entregadas por el contratista.
El mismo día, el hombre al expedir el cheque por concepto de pago del contrato permitió aparentemente que el oferente se apropiara a favor suyo o de un tercero de la suma de $2 millones 800 mil, que corresponde al valor de los elementos que no fueron suministrados.
De la misma manera, para el 1 de diciembre de 2014 Herrera Laverde bajo el mismo cargo expidió soporte de salida del almacén de algunos elementos, entre ellos del computador portátil y la cámara.
El pagador permanece con medida de aseguramiento en centro carcelario desde el pasado 15 de marzo por los mismos delitos cometidos pero en hechos diferentes, relacionados con una auditoría realizada por la Secretaria de Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima a la institución educativa donde Herrera Laverde también ejercía como pagador.
En ese entonces, dentro de un contrato celebrado en la vigencia 2014, se giró un cheque a nombre de un tercero por valor de $10 950 000 por la supuesta compra de materiales y suministros; pero no se encontraron los soportes de ingreso que garantizaban la entrada de los elementos al almacén de la institución educativa.
CRV/DLBM
