Entre los procesados hay notarios, inspectores de policía, funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, abogados y particulares, que se habrían articulado para apoderarse con maniobras fraudulentas de dos predios públicos y otros dos privados.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías elementos materiales probatorios contra 18 presuntos integrantes de una red criminal señalada de apropiarse ilegalmente de terrenos en Soledad (Atlántico) para comercializarlos a terceros, que los adquirían de buena fe para desarrollar proyectos urbanísticos.
Las personas que estarían involucradas son: la notaria segunda de Barranquilla (Atlántico), Ana Dolores Meza Caballero; el notario único de Santo Tomás (Atlántico), Francisco María Mejía De La Hoz; el abogado de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Soledad, Andrés Rafael Diazgranados Cruz; los servidores de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, David de Castro Macías, Juan Manuel Ucros Ucros, José Luis Pacheco Terán e Iván Carlos Páez Redondo; la exinspectora de Policía, Neisy Esther Cantillo del Toro; y el inspector de policía, Marlon José Mora Montesino.
De igual manera, figuran los abogados José Luis Márquez Monterrosa, Alex Manuel Ahumada Diaz y Rafael Enrique Bossio Pinzón; y los particulares Ismael Cárcamo Albarino, Inés Aminta Salas Palencia, Wilmar Machuca Caicedo, Luis Miguel Martínez Montañez, Luis Fernando Peñaloza Rojas y Roque José Lugo Herrera.
La organización delictiva, aprovechando las funciones y cargos públicos que desempeñaban varios de los posibles implicados, se habría apoderado irregularmente de dos terreros privados y otros dos públicos destinados para la construcción de un parque vecinal y un megacolegio, que superaban en extensión los 11.000 metros cuadrados y ascendían en valor a 2.900 millones de pesos.
En el curso de la investigación se estableció que para quedarse con los predios del Estado fueron presentados documentos falsos que reconocían de manera gratuita la cesión del bien por parte de la autoridad local a un tercero. En el caso de los lotes privados se constató que se tramitaron demandas de posesión sustentadas en actuaciones inexistentes y espurias.
Los abogados que harían parte del entramado de corrupción, al parecer, realizaban las gestiones administrativas con escrituras públicas, resoluciones administrativas y licencias urbanísticas falsas, que posteriormente eran registradas para transferir fraudulentamente las propiedades. De esta manera, plantearon pleitos civiles de pertenencia para aparentar posesión legítima y obtener decisiones judiciales que avalaran la inscripción de los terrenos en favor de particulares.
En uno de los eventos delictivos identificados se estableció el pago de una coima al asesor de la Secretaria de Gobierno de Soledad. Se identificó en los eventos de las ocupaciones ilegales de predios del Estado (cesión de zona verde y cesión de área de equipamiento) que varios funcionarios calificaran y validaron registros para el cambio de titularidad de los predios afectados, expidieron autos, conceptos, resoluciones o escrituras basadas en información ilegal, y reconocieran querellas de posesión o acreditaran la tenencia ilegal del predio.
De manera paralela auspiciaron la invasión de la zona, la construcción de casas rudimentarias y la comercializaban de los lotes a personas de buena fe con el supuesto de que realizarían proyectos urbanísticos, cuando en realidad se trataba de un engaño.
En un trabajo articulado por varios Fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se imputaron a los 18 presuntos integrantes de la red, de acuerdo con su posible participación y rol ejercido, los delitos de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, peculado por apropiación, prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, estafa agravada, urbanización ilegal, invasión de tierras, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio. Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición de los jueces de control de garantías Cárcamo Albarino al igual que la notaria Ana Dolores Caballero deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia; Ucros Ucros, Mejía De La Hoz, Páez Redondo y David de Castro Macias seguirán vinculados a la investigación; mientras que los otros 12 procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/LAGP/JARG/DAA/JH/DECC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
