Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos a 11 personas, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la investigación, el 19 noviembre del 2015, las Secretarías de Gobierno y Planeación de Oiba (Santander), realizaron seis contratos de prestación de servicios profesionales para el apoyo de la gestión, por un valor de 569 millones de pesos.
El objeto contractual era la realización de jornadas de capacitación en diversas áreas y competencias, y fueron adjudicados a tres cooperativas de trabajo asociado: Compromiso Solidario, Coopfonce-Salud y Elcon cta.
Por estos hechos, en enero de 2016, la Procuraduría Provincial de San Gil dispuso compulsar copias para que se investigara las presuntas irregularidades en dichos contratos, pues los valores oscilaban entre los 80 y 150 millones de pesos.
Además, no había justificación de los gastos y se encontró una diferencia entre los soportes reportados por las cooperativas y el valor manifestado por los capacitadores en declaraciones juradas, las cuales ascenderían a $392’658.000.
La investigación del Grupo Anticorrupción del CTI bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda Especializada de la Unidad de Administración Pública de Santander, logró establecer que los cuestionamientos de la noticia criminal efectivamente tenían base y sustento probatorio.
Asimismo, que todo el proceso contractual fue irregular, ya que los estudios previos de dichos contratos fueron entregados anticipadamente a quienes posteriormente presentaron las propuestas a nombre de las tres cooperativas que se les adjudicó los contratos, entre otras irregularidades.
Los imputados son:
- Mayra Alejandra Galvis Mateus, exsecretaria General.
- John Fredy Bautista Rivera, exsecretario de Planeación.
- Mauricio Alberto García Lagos, técnico operativo de la Secretaría de Planeación.
- Edna Johana Pico Silva, auxiliar secretaria de Gobierno.
- Erika Maria Chacon, exsecretaria de Gobierno.
- Julian David Carreño Castañeda, ex inspector de Policía.
- María Eugenia Rangel Guerrero, exasesora Jurídica.
- Esmeralda Corzo y José Antonio Becerra Pinzón, contratistas.
- Jhon Heyneman Amézquita Artunduaga y Edinson Rangel Guerrero, particulares.
La Fiscalía vela por la transparencia en la administración pública de acuerdo a las directrices impartidas por el Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, en la lucha contra la corrupción.
La Fiscalía hace pública la información por considerarla de interés general.
DRA/MG/AR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
